El escándalo de la 'Covid-fiesta' en el condominio La Ría, ubicado en el barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, parece no tener fin. Al contrario, pica y se extiende.

Los inquilinos Martín Caro Parra y Fanny Franco Pérez, organizadores de la rumba que terminó en la brutal agresión en contra de la pediatra Dalila Peñaranda y la empleada Carmen Pérez, se pronunciaron a través de dos documentos obtenidos por Zona Cero.

Las dos misivas son la reunión que tuvieron con el Inspector Noveno y el otro es un comunicado de los arrendatarios.

Caro Parra y Franco Pérez revelaron que para realizar la 'Covid-fiesta', le pagaron la suma de $500.000 a la administradora del condominio, Glenny Barranco Vargas, y a los vigilantes que estaban de turno.

La administradora señaló ante el Inspector que tuvo que poner una querella policiva ante los inquilinos, tras 15 meses de rumbas desenfrenadas.

Sin embargo, Fanny Franco Pérez afirmó que solo recibió "dos llamados de atención en 15 meses". Pero, esto no es lo peor.

La mujer agregó que los vigilantes y la administradora estaban avisados de la 'Covid-fiesta'. "Dimos $500.000 para que se hicieran los de la vista gorda". "En todas las actividades que se realizaban en el apartamento dábamos dinero para que nos permitieran las actividades", agregó la inquilina.

En el acta ante el Inspector, la administradora negó de manera rotunda lo anterior. Sin embargo, en el comunicado que sacaron Martín Caro Parra y Fanny Franco, detallan cómo fue el pago para la realización de la 'Covid-fiesta'.

"Realizamos la reunión social porque le pagamos la suma de $500.000 a la administradora, a través de uno de los vigilantes que tiene confianza con ella, quien nos dijo que eran $300.000 para la administradora y $200.000 para los dos vigilantes", expresó la pareja.

Todo lo anterior cambia el panorama del escándalo, pues además de la permisividad de la Policía, se reveló la razón de la omisión de los vigilantes y la administradora, para dejar entrar a más de 30 personas, cantantes y mariachis.

Por otro lado, los inquilinos expresan en el comunicado que ni la administradora ni el propietario pueden solicitar que "desocupen el apartamento".

Agregan que no han recibido un pliego de cargos para defenderse. Además, dicen que "prorrogaron el contrato de arriendo hasta el próximo año", por lo que piden una indemnización cuando se muden.

Señalaron que han buscado para donde mudarse, pero a raíz del escándalo y la pandemia, no han conseguido ningún lugar.

Lo cierto es que este escándalo pica y se extiende.

La 'Covid-fiesta' tuvo un pago para su realización y que les permitieran todo tipo de desenfreno, que tuvo como consecuencia el brutal ataque hacia la pediatra y la empleada doméstica.